El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que no está investigado ni imputado, a pesar de que el Tribunal Supremo ha publicado un auto en el que se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos. La imputación está relacionada con la emisión de una nota de prensa publicada con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid en marzo, en la que se filtraron correos electrónicos sobre un supuesto pacto con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha declarado que desconocía la existencia de dichos correos y que no dimitirá, ya que no filtró la información. La decisión del Supremo de investigar al fiscal y a la fiscal jefa de Madrid es inédita en la democracia española. El Partido Popular ha exigido la salida de García Ortiz de su cargo.